Capacita PJCDMX a más de 800 operadores para implementar el CNPCyF

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Magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarias y secretarios de acuerdos, así como proyectistas, iniciaron una etapa de capacitación encaminada a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), indicó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX).

Al inaugurar los programas de capacitación Reforma a la Justicia de Familia y a la Justicia Civil en las Américas, impartidos por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guerra Álvarez afirmó que los 820 servidores públicos participantes tendrán la oportunidad de conocer los estándares internacionales y mejores prácticas procesales a partir de los sistemas jurídicos en otros países.

Indicó que esto nutrirá la experiencia para la aplicación de los principios del juicio oral en cada una de las audiencias y en los casos que serán sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales en cuanto comience a aplicarse el CNPCyF.

Guerra Álvarez aplaudió que el PJCDMX sea el primer órgano de justicia local que accede a una capacitación de este tipo, lo que lo convierte en referente para las otras entidades, las cuales, a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), accederán de manera posterior a este modelo de formación.

MAYOR CONOCIMIENTO JURÍDICO 

Por su parte, Nataly Ponce Chauca, directora Ejecutiva del CEJA, declaró que la forma de expresar compromiso con la impartición de justicia es el interés por capacitarse, por eso los cursos dotarán de bibliografía y videoclases que robustezcan el conocimiento jurídico y de gestión.

En tanto, María Victoria Rivas, presidenta del Consejo Directivo del CEJA, señaló que esta capacitación abre un diálogo regional, para analizar críticamente los procesos de reformas y con la entrega de información comparada de América Latina como una forma de incentivar a la reflexión e incorporar nuevas líneas de acción en las que se intercambie y analice datos para avanzar en este nuevo modelo de impartición de justicia que compense la deuda de acceso a la justicia que se tiene con la ciudadanía.