Gobierno estatal y municipales rentan más de 600 inmuebles a fin de contar con la infraestructura administrativa necesaria para sus operaciones, en las que debe haber un reordenamiento, transparentar y equilibrar las condiciones en que rentan para el ejercicio de sus funciones. En Toluca existen costos de arrendamiento de inmuebles qué por la misma superficie, serían superiores a los registrados en ciudades como París, Miami o Nueva York.
El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) planteó que las propuestas podrán considerar, además del precio, criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que generen ahorros en el gasto público para que los gobiernos se ven obligados a contratar espacios para reducir la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.
El congresista propuso reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a fin de establecer que, cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipalidades detecten que el precio ofertado se sustenta en avalúos simulados o elaborados sin apego a los criterios técnicos aplicables, la convocante deberá desechar la propuesta y dar vista a la instancia correspondiente para que determine las responsabilidades administrativas o sanciones que procedan.
Indicó que la Oficialía Mayor, las dependencias, las entidades, los órganos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares, se abstengan de recibir propuestas.
Además, celebrar contratos con personas físicas o jurídicas colectivas que, en procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al uso de oficinas públicas, incurran en prácticas de sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y seguridad del inmueble.
La propuesta facultaría a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México a establecer, aparte de las políticas y normas técnicas y administrativas en la materia, los lineamientos necesarios para el cumplimiento de la ley referida.
