La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración pondrá en marcha un programa de regularización de viviendas, con especial atención en unidades habitacionales de interés social cuyos habitantes aún no cuentan con escrituras.

Durante un acto público, la mandataria señaló que contar con documentos en regla es una de las principales herramientas para prevenir fraudes y despojos, debido a que permite acreditar legalmente la propiedad de los inmuebles.

Por ello, instruyó al secretario de Vivienda de la Ciudad de México a realizar un censo y diagnóstico para identificar cuántas unidades habitacionales de interés social existen en la capital cuyos habitantes no cuentan con escrituras.

La intención, explicó, es implementar un programa accesible y con menos trámites burocráticos que permita regularizar con rapidez estos inmuebles.

Brugada anuncia abogados gratuitos en el Zócalo

Como parte de la estrategia contra el despojo, el Gobierno capitalino también instalará una defensoría jurídica especializada en asuntos relacionados con la propiedad.

La Consejería Jurídica de la Ciudad de México estará a cargo de esta iniciativa y, de acuerdo con Brugada, una vez por semana 100 abogados ofrecerán asesoría jurídica gratuita en el Zócalo.

La atención estará dirigida a la población que enfrente problemas relacionados con propiedades, posibles fraudes u otras situaciones jurídicas.

Además, las personas consideradas dentro de poblaciones prioritarias, como adultos mayores, mujeres solas, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza, podrán recibir no sólo asesoría, sino representación legal ante los problemas que enfrenten.

Fiscalía plantea plazos de 15 y 30 días para devolver inmuebles

Brugada también reiteró los plazos planteados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para atender casos de despojo.

La mandataria explicó que, cuando la propiedad esté plenamente acreditada mediante escrituras y no exista una disputa entre particulares por la posesión o propiedad del inmueble, la Fiscalía se comprometió a restituir la propiedad en un plazo de 15 días cuando se acredite el delito de despojo.

Asimismo, señaló que el compromiso contempla que en 30 días se obtenga la orden de aprehensión contra quienes hayan intentado despojar a los propietarios.

Brugada aclaró que estos plazos aplicarán a casos en los que exista claridad respecto de la propiedad y no a aquellos en los que dos familias o particulares mantengan una disputa jurídica sobre el inmueble.

De nueve denuncias, sólo una era por despojo

La jefa de Gobierno también reveló que el día anterior se recibieron nueve denuncias que fueron presentadas como posibles casos de despojo, pero sólo una correspondía efectivamente a ese delito.

De acuerdo con Brugada, siete de las denuncias estaban relacionadas con problemas familiares y disputas por bienes.

Ante esta situación, señaló que el Gobierno capitalino también busca ofrecer alternativas para resolver conflictos relacionados con propiedades intestadas o disputas entre familiares por herencias.

Buscan reducir propiedades intestadas

Brugada indicó que existen propiedades cuyos propietarios fallecieron sin dejar regularizada la situación jurídica de los inmuebles, lo que puede generar disputas entre familiares y dificultades para transferir legalmente la propiedad.

La mandataria atribuyó parte del problema al costo de los trámites necesarios para modificar escrituras o realizar los procedimientos jurídicos correspondientes.

Por ello, anunció que el Gobierno de la Ciudad de México buscará establecer un acuerdo con el Colegio de Notarios y gestionar la exención de impuestos federales relacionados con estos trámites.

La administración capitalina también contempla que la Ciudad de México exente los impuestos locales correspondientes, con el objetivo de reducir los costos y facilitar la regularización de propiedades intestadas.

Brugada sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia para prevenir el despojo mediante mayor certeza jurídica sobre la propiedad, además de facilitar asesoría y representación legal para quienes enfrenten problemas relacionados con sus inmuebles.