Ciudadanía alza la voz contra imposiciones urbanas sin consulta real

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  • Amenaza a la propiedad privada, gentrificación y “predialazo”

  • Exigen a diputados frenar el PGD y el POZMVM

Habitantes y colectivos de la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México manifestaron su contundente rechazo a la forma en que se están procesando el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM). La ciudadanía denuncia una profunda desconexión de las autoridades y exige a los diputados locales asumir su responsabilidad legislativa para frenar decisiones que impactarán el patrimonio y la vida cotidiana de millones de personas sin haber sido tomadas en cuenta de manera genuina.

Alegan una simulación de consulta
El principal reclamo social radica en los plazos y la complejidad de los instrumentos de planeación. Según denuncian los inconformes, se ha pretendido que la ciudadanía revise y analice más de 1,600 páginas de carácter técnico en un periodo de apenas 30 días, un lapso materialmente imposible para un estudio profundo que determinará el futuro urbano y social de la región por los próximos 20 o 30 años.

Para los habitantes, esta saturación informativa disfrazada de consulta pública representa una simulación institucional que busca aprobar fast-track normativas de alto impacto.

Amenaza a la propiedad privada, gentrificación y “predialazo”
Entre las principales preocupaciones que han encendido las alertas vecinales destacan: Afectaciones al predial y riesgo de remate. Se advierte sobre el peligro de un incremento drástico en los costos del impuesto predial y la imposición de gravámenes adicionales a predios baldíos o subutilizados. Esto incluiría plazos forzados de construcción bajo el riesgo de que dichos inmuebles sean enviados a subasta pública.

Redensificación y gentrificación
La promoción de esquemas de alta redensificación, con edificios más altos y usos mixtos, amenaza con encarecer el valor del metro cuadrado, saturar servicios básicos vitales como el agua y el drenaje, y desplazar a los residentes originarios de sus zonas tradicionales.

Discrepancias institucionales
La ciudadanía señala una evidente contradicción en el discurso oficial, toda vez que mientras las reuniones entre los gobiernos de la CDMX y sus vecinos del EDOMEX, Morelos e Hidalgo descartan públicamente en redes sociales un incremento fiscal o “predialazo”, dependencias federales y locales como la SEDATU reconocen abiertamente la revisión y aplicación de estas medidas recaudatorias destinadas a nuevos fideicomisos metropolitanos.

El llamado urgente para exigir cuentas a los diputados locales
Ante la inviabilidad de frenar estas disposiciones mediante amparos en materia fiscal, la sociedad civil organizada ha establecido una ruta de acción enfocada en la presión política y el diálogo social.

El reclamo central apunta directamente a los Poderes Legislativos locales. Los ciudadanos hacen un llamado enérgico para que las y los diputados de las distintas demarcaciones hagan su trabajo, salgan a dar la cara y expliquen de qué manera estas disposiciones afectarán a sus comunidades, recordando que el Congreso tiene como fecha límite el 15 de diciembre para la definición y aprobación del PGD.

“No estamos de acuerdo en que las cosas se hagan de esta forma, a espaldas de la gente y sin tomar en cuenta a la ciudadanía”, es el posicionamiento unánime que resuelta en los barrios y colonias metropolitanas, dijo Josefina Mc Gregor, Presidenta de Suma Urbana, una de las lideres sociales más importantes de la CDMX.

Para visibilizar el descontento y exigir transparencia, los habitantes han comenzado a articular una campaña de presión a través de plataformas digitales utilizando los hashtags #PGD y #POZMVM, buscando que los representantes populares escuchen el mandato ciudadano antes de convalidar decisiones que hipotecan el futuro de la capital del país y del Estado de México, sobre todo.