
Columna
El Observador
Por Lopillo O’Henry
• La lucha por el poder, los abusos e incongruencias, los alejan de lo que debería ser prioridad: atender las necesidades de sus gobernados.
Crisis política y fracturas internas en no pocos ayuntamientos mexiquenses, es la tónica de los actuales gobiernos locales, cargados de fuertes desacuerdos, incongruencias y disputas por el poder.
En demarcaciones como Ecatepec, hay inconformidad creciendo todos los días contra la alcaldesa morenista Azucena Cisneros Coss, donde trabajadores del municipio ya están a nada de manifestarse por la enorme inseguridad y abusos de su gobernante, que lejos de resolverse, se asocian a los presuntos vínculos de la presidenta con la delincuencia.
Además, la gente está harta de las justificaciones de la edil, qué, de todo problema en Ecatepec, culpa a su antecesor, el actual diputado Fernando Vilchis Contreras.
En el Estado de México, las rupturas dentro de los municipios son cada vez más visibles, los grupos internos en los partidos hacen guerra para tratar de amarrar la sucesión a su favor, mientras que otros provocan conflictos o son víctimas del abuso del poder.
En Cuautitlán Izcalli, es evidente el nivel de tensión y persecución política contra la regidora morenista, Valentina Loa, quien asume una postura crítica frente al gobierno del también morenista, Daniel Serrano, por lo que ha sido “borrada” del ayuntamiento y boicoteada desde la presidencia municipal, motivo por el que la edil acusa al alcalde, de promover la misoginia y la violencia política de género.
En Nicolás Romero, la fracción edilicia de morena, en lugar de sumarse con la alcaldesa Yoselin Mendoza, se dedica a atacarla sistemáticamente, no obstante ser del mismo partido que la presidenta.
Acatando órdenes del diputado Armando Navarrete, quien esta siendo investigado por el desvío de más de 200 millones de pesos del tiempo que fue alcalde, ese grupo faccioso, no busca el bien de ese municipio sino hacer un daño a la imagen de la alcaldesa quién también se ha dejado engatusar por algunos.
Así, Felipe Martínez, síndico, las regidoras Geraldina García, Mirely Romero, el regidor Arturo Nava, y los engatusadores de la alcaldesa, son quienes están poniendo en riesgo la continuidad de morena en Nicolás Romero.
En Tecámac, la situación es todavía más grave en cuanto a conflictos por el poder, ya que la guerra entre el senador Higinio Martínez y el secretario general de Gobierno Horacio Duarte Olivares, está al rojo vivo y ese municipio es escenario de la encarnizada batalla de ambos por la candidatura al gobierno estatal, para suceder en el cargo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Ello explica el comportamiento agresivo de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, cercana a Higinio Martínez, quien con un estilo porril, irrumpió en el informe de la alcaldesa Rosi Wong, con 50 personas para dar “portazo”, ya que no estaba invitada a ese evento. Se encendieron los focos rojos en Tecámac. La 4T va en picada.
Así como se habla también de despidos injustificados en Tecámac, en Jocotitlán, pasa lo mismo, sin que la presidenta municipal, Aylin López, tome cartas en el asunto, viéndose los afectados en la necesidad de acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siendo atendidos por la presidenta de esa institución, Kumiko Mota.
En Tlalnepantla, el alcalde morenista, Raciel Pérez Cruz, es quien genera inestabilidad en su propio gobierno, al querer actuar como “todólogo”, en lugar de delegar responsabilidades entre sus funcionarios, que por cierto, ni le hacen caso.
Y aunque supuestamente cambió su estrategia para administrar el gobierno municipal, cambiando a su Oficial Mayor, los funcionarios prefieren no hacerle caso a su jefe, que hace de la necedad su principal característica, así como sus intereses políticos.
En otros municipios, los alcaldes han perdido el mando, como en Chapa de Mota, Villa del Carbón y Acambay, donde sus respectivos cabildos están en plena rebeldía, mientras que en Aculco, el síndico ha acudido al Tribunal Electoral, en defensa de sus derechos políticos.
Otro caso de una gran disparidad en el ejercicio del poder está en el municipio de Atizapán de Zaragoza, gobernado por la coalición PAN-PRI-PRD, demarcación en la que la prioridad no es la necesidad de agua potable o servicios para la población sino la continuidad en el poder por parte de una alianza desgastada, hoy abajo en las encuestas respecto a la izquierda.
Mientras todo lo anterior acontece en los municipios mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez, pasa por alto la problemática de los municipios e incluso los que ocurren a nivel estatal, con el pésimo estado de las vialidades.
De no ser por un escándalo que se hizo viral en redes sociales, no hubiera dejado el cargo su protegido Ariel Juárez, como titular de la Junta de Caminos.
Tampoco ha puesto el ojo para contrarrestar la inseguridad en las calles del Estado de México y ha mostrado incongruencia, ya que una de sus promesas fue estar cerca del pueblo y hoy, con el poder en sus manos, se aleja de él, poniendo distancias con cientos de metros de vallas para que nadie se acerque a ella.
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