Como un derecho constitucional, la libertad de prensa debe ser respetada y las autoridades deben hacer lo mismo con quienes la ejercen, los periodistas ponen en riesgo su vida como fue el caso del Makario “Mako” Sierra quien fue agredido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) mientras realizaba la cobertura de un operativo, esto en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en Celaya, Guanajuato.
El caso no solo exhibe un exceso en el uso de la fuerza de los servidores públicos, generando la indignación inmediata dentro del gremio periodístico. Aunque la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que condena los hechos, reconoce la labor periodística y anuncia la apertura de una carpeta de investigación, pero el planteamiento resulta insuficiente.
Lo primero que debieron de hacer es la separación inmediata de los elementos involucrados y la intervención de instancias externas que garanticen una investigación imparcial, pues tal parece las autoridades configuran un evidente conflicto de interés.
Lamentablemente en todo el país se viven atentados contra periodistas y hay gobernadores que quieren curarse en salud, ahí está Delfina Gómez quien recientemente anunció el ampliar la protección integral a periodistas enviando al Congreso estatal una iniciativa con la que se consolida un modelo de protección con enfoque social, preventivo y de derechos humanos, construido junto con el gremio periodístico.
El objetivo es garantizar condiciones más dignas, seguras y justas para el ejercicio del periodismo y la defensa de sus derechos humanos, destacando que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones. Acción con la que Delfina Gómez Álvarez refrenda su vocación de fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información y la construcción de una democracia sólida, al colocar en el centro a quienes, con su labor, hacen posible una sociedad más informada, crítica y participativa.
Lamentablemente en el Estado de México en redes sociales hay infinidad de videos donde policías hombres y mujeres, así como elementos de la Guardia nacional y los grupos “Los azules” extorsionan a diestra y siniestra por lo que hay infinidad de denuncias, pero no hay quien les dé seguimiento, ya que con lo que ganan deben pagar el “diezmo” que entregan a sus mandos superiores.
