Proponen expedir ley de educación socioemocional y promoción de la salud mental

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La diputada Liliana Ortiz Pérez, del PAN, planteó expedir una ley general de educación socioemocional y promoción de la salud mental en el sistema educativo nacional, a fin de fortalecer el bienestar emocional y mental desde un enfoque preventivo, garantizar el acceso de las personas educandas, así como la coordinación entre las autoridades competentes para su promoción, implementación, evaluación y mejora continua.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Educación y de Salud, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca promover el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, desarrollar competencias socioemocionales para la vida, favorecer ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia, robustecer la cultura de paz, los derechos humanos y la convivencia democrática, y contribuir al mejoramiento continuo de la calidad educativa.

También, contempla la corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias y comunidad, además de reducir factores de riesgo asociados con violencia, abandono escolar, discriminación y exclusión.

Añade que las disposiciones de esta ley son complementarias de la Ley General de Educación y de las demás aplicables en materia educativa, salud, protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, inclusión, prevención de las violencias y protección de datos personales. En ningún caso se entenderán como sustitución, duplicación o menoscabo de las atribuciones y obligaciones previstas en dichos ordenamientos.

Puntualiza que las atribuciones previstas en la citada ley se ejercerán conforme a la distribución de competencias establecida en la Constitución Política, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Menciona que la educación socioemocional constituye un componente esencial del derecho humano a la educación, inseparable del desarrollo integral de la persona, y forma parte de las políticas públicas orientadas al bienestar, la salud mental, la inclusión y la cultura de paz.

Las disposiciones serán obligatorias para la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de las entidades federativas, las instituciones públicas y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, las instituciones formadoras de docentes, las escuelas públicas y particulares que impartan educación obligatoria, y las demás autoridades conforme a lo dispuesto en esta ley, precisa.

Estipula que serán sujetos de los derechos las niñas, niños y adolescentes que cursen la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, estudiantes de educación media superior, docentes, personal directivo, personal de apoyo y asistencia a la educación, madres, padres y personas tutoras, así como integrantes de la comunidad

​El documento argumenta que la evidencia internacional demuestra que el aprendizaje socioemocional contribuye a disminuir la violencia en todas sus formas, fortalece el clima educativo, reduce conductas de riesgo y favorece trayectorias escolares más exitosas.

En consecuencia, las políticas públicas educativas requieren responder no solo a los desafíos relacionados con los aprendizajes académicos, sino también a aquellos vinculados con el bienestar socioemocional de la comunidad escolar.

Refiere que en los últimos años diversas instituciones del Estado mexicano han documentado un incremento en indicadores relacionados con malestar psicológico, violencia, ansiedad, ideación suicida, consumo de sustancias, acoso escolar y problemas de convivencia entre adolescentes.

Al respecto, el Gobierno Federal presentó en abril de 2026 la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, denominada “ABC de las emociones”, donde se identifica que la población de 12 a 17 años presenta mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y violencia respecto de la población adulta.

Resalta que la política pública debe privilegiar un enfoque preventivo, escolar, comunitario y cultural para promover el bienestar socioemocional.

Esta información confirma que las escuelas representan uno de los espacios estratégicos para intervenir de manera temprana antes de que los problemas emocionales evolucionen hacia situaciones de mayor complejidad, subraya.

“La necesidad de esta ley especial –agrega– no deriva de la ausencia de reconocimiento normativo de la educación socioemocional. La Ley General de Educación regula el derecho a la educación, los fines, contenidos y organización del sistema educativo nacional. La iniciativa desarrolla específicamente las bases de coordinación y continuidad de la política de educación socioemocional, con garantías para su implementación”.

Aclara que la iniciativa no crea un derecho ni desplaza el marco educativo vigente, sino que precisa de principios, garantías y responsabilidades de coordinación para hacer operativa, evaluable y continua la formación socioemocional ya prevista en el orden jurídico mexicano, con respeto al interés superior de la niñez y a la protección de sus datos personales.