Exhorta Delfina Gómez “Ejercer cada peso público con legalidad en el Edomex”

La legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben distinguir a los gobiernos de la transformación, al tiempo que la fiscalización fortalece el desempeño institucional, en beneficio de la población.

Afirmó Delfina Gómez Álvarez al encabezar la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en los municipios mexiquenses; exhortando a las autoridades a ejercer cada peso público con legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, resaltó el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación, el cual reconoce que el Gobierno del Estado de México realizó una gestión adecuada para la distribución y pago de las participaciones federales a los 125 municipios, por un monto superior a 40 mil 975 millones de pesos.

De igual forma, reconoció la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para fortalecer la rendición de cuentas, combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan.

Además, la gobernadora reiteró su compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno para consolidar una administración transparente, en concordancia con los principios que impulsa Claudia Sheinbaum.

A su vez, Liliana Dávalos Ham, Auditora Superior de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, señaló que la entidad cuenta con 547 instituciones fiscalizables, el segundo número más alto del país, y que este año se programaron 179 auditorías, la cifra más alta de los últimos siete años. Dijo que el Estado de México es la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación inicia este ejercicio, resultado del trabajo coordinado con el OSFEM.

Por su parte, Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación, explicó que las auditorías buscan fortalecer el orden y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información relacionada con las compras y contrataciones gubernamentales.